La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta al análisis de una propuesta que busca reconocer a las abejas como entes sujetos de derechos, una medida que permitiría fortalecer su protección ante los daños ocasionados por el uso de agroquímicos en zonas apícolas de la Península de Yucatán.
El planteamiento fue impulsado por productores indígenas del Colectivo Apícola de los Chenes, quienes desde 2015 han denunciado afectaciones a la actividad apícola por el uso de sustancias químicas que consideran perjudiciales para la biodiversidad de la Selva Maya, particularmente en comunidades de Hopelchén y Calakmul.
De aprobarse este reconocimiento, las abejas dejarían de ser consideradas únicamente como seres sintientes y podrían contar con una protección jurídica específica debido a su papel como polinizadores y a la importancia económica que representa la apicultura para miles de familias indígenas del país.
La Corte informó que en las próximas semanas revisará los argumentos del caso para determinar la relevancia de otorgar este tipo de protección. La discusión ocurre luego de que en los últimos dos años se registraran episodios de mortandad masiva de abejas en comunidades de la región campechana.
Entre los productos señalados por productores y organizaciones se encuentran el glifosato y el fipronil, insecticida utilizado en actividades agrícolas y de control de plagas, cuyos componentes pueden representar riesgos para especies polinizadoras y otros organismos.
De forma paralela, el Congreso de Campeche aprobó reformas al Código Penal para aumentar la protección de la apicultura y la meliponicultura, actividades de las que dependen más de 10 mil familias en la entidad. Las modificaciones contemplan sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes provoquen daños a colmenas, abejas, panales o productos derivados de esta actividad.
