La venta de un derecho agrario por parte de un ejidatario desató un conflicto dentro del ejido de Yakamay. La falta de consulta previa con la asamblea provocó la indignación de varios miembros, que consideran que se vulneraron normas internas y acuerdos colectivos.
La situación generó un debate acalorado en la comisaría local, donde los ejidatarios expresaron su rechazo a la operación. Se cuestionó la validez de documentos notariales que, aunque registrados en el Registro Agrario Nacional, no fueron comunicados ni discutidos con la comunidad.
Autoridades del ejido señalaron que cualquier disposición sobre tierras colectivas requiere la aprobación de la mayoría de los miembros y la supervisión de instancias oficiales. Por ello, se anunció la convocatoria de una asamblea formal con la presencia de la Procuraduría Agraria.
Miembros de la comunidad advirtieron que el ejidatario involucrado podría perder derechos de participación en futuras asambleas y beneficios asociados, incluyendo programas gubernamentales destinados al campo, así como indemnizaciones por el uso de la tierra.
El conflicto estuvo cerca de escalar en enfrentamientos físicos entre grupos con posturas opuestas, pero la intervención del comisario logró calmar los ánimos y mantener la reunión bajo control. La tensión refleja la división dentro del ejido frente a decisiones unilaterales sobre el patrimonio común.
La asamblea próxima será determinante para aclarar la situación legal de la tierra y establecer si la cesión puede mantenerse. Mientras tanto, la comunidad permanece dividida, pendiente de la resolución que definirá la participación y derechos del ejidatario involucrado.
