La imposición de prisión preventiva justificada definió la situación jurídica del ex rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio, y del ex coordinador de Vinculación, Jorge, quienes fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en el desvío de 92 millones de pesos mediante empresas factureras.
La determinación judicial se produjo tras una audiencia que se prolongó por más de 16 horas, en la que el juez valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, dentro de la carpeta judicial 98/25-2026/JC-II.
El análisis del caso se desarrolló desde la mañana del lunes 5 de enero y se extendió hasta la madrugada del martes 6, periodo en el que las partes expusieron argumentos, solicitudes y objeciones antes de que se resolviera la vinculación a proceso y la aplicación de las medidas cautelares.
Ambos ex funcionarios ya se encontraban privados de la libertad al momento de la resolución, luego de que se les ejecutaran órdenes de aprehensión a finales de diciembre de 2025, por lo que continuarán en prisión durante el desarrollo de la investigación complementaria.
En un proceso relacionado, el también ex coordinador de Vinculación David fue vinculado a proceso el sábado 3 de enero por los mismos señalamientos; sin embargo, el juez le permitió enfrentar el procedimiento en libertad, bajo medidas cautelares como la firma periódica y la obligación de acreditar su arraigo en Ciudad del Carmen.
Aunque el proceso penal continúa en curso, la normatividad vigente contempla la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de solución, siempre que se cumplan los requisitos legales y se determine la responsabilidad de los imputados, una figura aplicada en otros casos de presunto desvío de recursos públicos.
En torno al contexto institucional, la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, Sandra Laffón Leal, señaló que este expediente corresponde a hechos ocurridos en 2021 y confirmó que existe una denuncia adicional por presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto de 2022, la cual será impulsada directamente por la actual administración universitaria.
