Las deficiencias en los procesos de capacitación, supervisión y manejo de armamento dentro de las corporaciones de seguridad pública quedaron expuestas tras el disparo accidental que lesionó a un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el destacamento de Ciudad del Carmen, consideró Cleotilde Herrera Díaz, integrante del Centro Internacional de Justicia Alternativa.
La activista consideró que este tipo de hechos obliga a las instituciones responsables de la seguridad pública a evaluar si los procesos de formación y actualización del personal están cumpliendo con los estándares necesarios para garantizar actuaciones seguras dentro y fuera de las instalaciones policiales.
Indicó que durante los últimos años las autoridades han dado a conocer programas de profesionalización, cursos y certificaciones para los cuerpos policiacos; sin embargo, sostuvo que acontecimientos recientes generan dudas sobre los resultados reales de esas estrategias.
A su juicio, uno de los aspectos más delicados del caso es que el incidente ocurrió dentro de un destacamento policial, un espacio donde existen protocolos específicos para el resguardo y manipulación de armas de fuego, por lo que consideró indispensable determinar qué factores permitieron que se registrara una lesión durante una actividad ordinaria.
Herrera Díaz señaló que la preparación de los elementos no debe limitarse al uso de la fuerza o a tareas operativas, sino que también debe incluir el manejo seguro del armamento, control emocional, atención de crisis, actuación bajo presión y respeto a protocolos institucionales.
Asimismo, afirmó que será necesario conocer los resultados de la investigación para determinar si existieron fallas en los procedimientos o posibles actos de negligencia, ya que un incidente de esta naturaleza pudo tener consecuencias más graves.
La defensora de derechos humanos también advirtió sobre la preocupación que existe en distintos sectores respecto al desempeño de las corporaciones de seguridad y a la necesidad de fortalecer la supervisión interna para prevenir errores que comprometan la integridad de los propios agentes o de la población.
Finalmente, sostuvo que los hechos deben servir para reforzar los controles institucionales y garantizar que los elementos encargados de la seguridad pública cuenten con la preparación necesaria para el manejo responsable del armamento que utilizan en el ejercicio de sus funciones.
