Tras casi dos décadas de operar en puertos improvisados, pescadores del Camino Real comenzaron a retirar sus estructuras de forma voluntaria, pero con una exigencia clara: ser incluidos en proyectos que les garanticen instalaciones dignas y certeza jurídica sobre sus actividades.
El desalojo, coordinado por la Profepa, la Semar, la Guardia Nacional y autoridades estatales, se realizó sin confrontaciones. Incluso, algunos trabajadores del mar colaboraron activamente en el desmantelamiento de sus chozas, hechas con materiales provisionales.
Javier Antonio Hernández, uno de los permisionarios, aseguró que los pescadores sabían que ocupaban terrenos federales sin permiso. Sin embargo, justificó su permanencia por la falta de espacios adecuados y apoyo gubernamental, situación que han denunciado desde administraciones anteriores.
La Profepa afirmó que el operativo no buscó criminalizar a los pescadores, sino recuperar el orden en la zona. Además, ofrecieron facilitar la reubicación de equipos e insumos a un muelle ya construido y en regla dentro del área.
El gremio pesquero recordó que el anterior gobierno estatal prometió infraestructura que nunca llegó, como un mercado directo y un puerto formal. Hoy, su preocupación es no quedarse sin lugar para trabajar ni sin apoyo técnico o legal para continuar con su actividad.
Piden que esta vez no quede en promesas: necesitan un nuevo puerto de abrigo funcional, con muelles seguros y acceso directo al comercio, para no depender de intermediarios ni arriesgarse a más desalojos.
