Pescadores de las costas de Campeche alzaron la voz ante lo que consideran un intento arbitrario de desalojo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pese a contar con permisos oficiales emitidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
De acuerdo con José Raúl Quej González, representante del Consejo de Organizaciones Campesinas, Pesqueras y Ambientalistas del estado, más de 500 trabajadores del mar podrían verse seriamente afectados si se concreta la medida, lo que pondría en riesgo el sustento de cientos de familias en la región. “Esto no solo es un atropello, es una violación directa a nuestro derecho al trabajo”, denunció.
Los pescadores explicaron que las estructuras instaladas a lo largo de la costa, como casetas y palapas, no son invasiones, sino espacios esenciales para su labor diaria. Ahí almacenan herramientas de pesca, redes, motores y combustible, además de resguardar materiales que son indispensables para salir al mar. Aseguran que estas instalaciones han formado parte de su tradición pesquera durante generaciones.
La principal queja de los afectados radica en que Profepa argumenta que estas construcciones afectan la imagen turística de las playas, una justificación que los pescadores califican como discriminatoria y fuera de contexto. “No nos oponemos a la regulación ni a cumplir con los requisitos legales. Estamos dispuestos a pagar los derechos que correspondan, pero exigimos que se respete nuestro lugar de trabajo”, afirmaron.
También hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales a respetar sus derechos constitucionales y laborales. Criticaron que, a pesar de que los gobiernos actuales pertenecen al mismo partido político, no están garantizando el cumplimiento de leyes nacionales ni de acuerdos internacionales que protegen el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades pesqueras.
Finalmente, los pescadores pidieron el cese inmediato de los operativos que califican como arbitrarios y solicitaron abrir canales de diálogo con las autoridades ambientales. “No pedimos privilegios, solo que nos dejen trabajar como siempre lo hemos hecho, con respeto y dignidad”, concluyeron.
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