Ordena Tribunal a periodistas indemnización de 2 mdp a favor de la secretaria de Seguridad de Campeche, Marcela Muñoz

Un monto total de dos millones de pesos deberá ser cubierto por periodistas y medios de comunicación en Campeche, luego de que un juzgado civil resolviera a favor de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del estado, Marcela Muñoz Martínez, en una demanda por presunto daño moral.

La sentencia fue emitida por la jueza Amada Beatriz Salazar González, titular del Juzgado Segundo del ramo civil y de extinción de dominio de primera instancia del primer distrito judicial, quien concluyó que las publicaciones señaladas afectaron la reputación y el honor de la funcionaria estatal.

De acuerdo con la resolución, cada una de las partes demandadas deberá pagar 500 mil pesos, suma que integra la indemnización total. Entre los sancionados se encuentran los periodistas Joel Obet Ynurreta Priego y Abraham Alberto Martínez Caamal, así como los medios digitales y versiones impresas involucrados en el litigio.

Además del pago económico, el fallo ordena que la sentencia sea publicada íntegramente por los periodistas y los diarios señalados, en los mismos espacios, formatos y con el mismo alcance que tuvieron las notas que originaron la demanda.

Aunque la jueza ya emitió su determinación, el proceso legal no ha quedado firme. Las personas sancionadas cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar el recurso de inconformidad correspondiente y buscar la revisión del fallo en instancias superiores.

Tras conocerse la resolución, Martínez Caamal señaló públicamente que la medida judicial tiene un efecto intimidatorio y patrimonial contra quienes ejercen el periodismo, al tiempo que sostuvo que las publicaciones cuestionadas se refieren a la actuación de una funcionaria pública sujeta al escrutinio ciudadano.

El caso ha generado atención en el ámbito informativo de Campeche, al tratarse de una condena económica significativa contra comunicadores y empresas periodísticas, en un contexto marcado por el debate sobre la libertad de expresión y los límites del derecho al honor de los servidores públicos.

 

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Redacción
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