El desplome del precio de la caña de azúcar a 950 pesos por tonelada ha puesto en riesgo el sustento de más de mil 900 familias productoras en los municipios de Champotón y Seybaplaya. Ante esta situación, los cañeros exigieron al gobierno de Campeche apoyos económicos urgentes para poder iniciar la zafra 2025-2026, programada para diciembre, pues aseguran que el monto actual no cubre los costos básicos de producción.
Encabezados por Uriel David Aké, un grupo de 30 productores se trasladó hasta el Palacio de Gobierno estatal con la intención de exponer directamente su situación a la gobernadora Layda Sansores San Román. Los inconformes señalaron que el bajo precio los dejó sin remanentes, recursos que normalmente reciben como anticipo para arrancar con las labores previas a la cosecha, como la contratación de jornaleros y la reparación de maquinaria.
Los cañeros explicaron que la falta de ingresos viene arrastrándose desde la última zafra, que concluyó en abril, cuando la venta de azúcar para exportación fue mínima. Esa reducción en las ganancias, sumada a la sobreproducción nacional, ha provocado que el precio del cultivo se mantenga por debajo de los niveles necesarios para sostener su actividad.
Durante la manifestación, los productores fueron atendidos por personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), dependencia que también mantiene pendientes con los maiceros del estado. Tras una reunión de poco más de media hora, los cañeros afirmaron que no hubo acuerdos ni propuestas concretas y acusaron desinterés de la titular, Roxana Rivera Peña, para ofrecer soluciones.
Los inconformes advirtieron que, si no hay respuesta directa por parte de la gobernadora o de la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, endurecerán sus protestas. Entre las medidas que contemplan se encuentran bloqueos en el puente de Champotón, cierres de carreteras federales y una posible permanencia indefinida frente al Palacio de Gobierno.
El conflicto de los cañeros se suma al malestar de otros sectores agrícolas, como el de los maiceros, que también reclaman falta de apoyos y precios justos. Ambos casos reflejan el descontento creciente en el campo campechano ante la ausencia de políticas efectivas para enfrentar la crisis económica que afecta a los productores locales.
