Integrantes de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche para denunciar presuntas trabas institucionales que, aseguran, han limitado sus labores de rastreo en la entidad.
La movilización fue encabezada por Deysi Noemí Blanco Chi, integrante de un colectivo de Isla Mujeres, Quintana Roo, quien busca a su hija Fernanda Cayetana, desaparecida en julio de 2021. La madre señaló que ha acudido en varias ocasiones a Campeche con la intención de ampliar las indagatorias, pero en esta ocasión afirmó haber encontrado dificultades para acceder a zonas donde consideran que podrían existir indicios.
De acuerdo con su testimonio, desde días previos solicitaron el respaldo de autoridades para realizar recorridos en áreas conocidas como “pantaleras”. Sin embargo, indicó que la autoridad ministerial negó la existencia de estos lugares o argumentó que no correspondía a su jurisdicción atender la solicitud, pese a que ya se había pedido colaboración entre fiscalías de distintos estados.
A la protesta se sumaron integrantes del colectivo Buscando por Amor, entre ellos Juan José Huerta, quien busca a su hijo desaparecido. También participó una mujer originaria del municipio de Escárcega que denunció presunta falta de atención por parte de la fiscalía local en el caso de su hermano. Las madres buscadoras señalaron que continuarán recorriendo diferentes regiones del país para localizar a sus familiares.
Tras las acusaciones, la Comisión Local de Búsqueda de Personas en Campeche informó que mantiene coordinación con instancias de entidades vecinas como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas para atender reportes de desaparición. La dependencia indicó que, a través de sus acciones, se ha logrado localizar a más de 350 personas de distintas edades en el estado.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Campeche emitió un posicionamiento en el que aseguró que las acciones relacionadas con la localización de personas desaparecidas se desarrollan conforme a la Ley General en la materia y a los protocolos establecidos. La institución señaló que existe disposición para colaborar con colectivos y familiares, aunque destacó que los procedimientos deben apegarse a las diligencias jurídicas correspondientes.
