La decisión de un juez federal de ordenar la liberación de dos personas detenidas con armas de alto poder provocó el rechazo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, que consideró preocupante que un caso de este tipo quedara sin consecuencias legales.
Entre el armamento asegurado durante la intervención se encontraba un fusil AK-47, conocido popularmente como “cuerno de chivo”, además de otras armas que fueron localizadas durante un operativo realizado por corporaciones de seguridad. Sin embargo, la autoridad judicial concluyó que la detención fue indebida, por lo que los sospechosos recuperaron su libertad.
La secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, sostuvo que la resolución resulta frustrante para los elementos que participaron en la acción, debido a que la captura se efectuó en circunstancias de alto riesgo y bajo una situación de posible agresión contra los agentes.
La funcionaria destacó que el operativo requirió una intervención cuidadosa para evitar daños a terceros y garantizar la integridad tanto de los policías como de las personas detenidas. A pesar de las condiciones adversas, no se reportaron lesionados durante la acción.
Muñoz Martínez también señaló que existe preocupación por la forma en que se desarrollan algunos procesos federales, pues aseguró que varios casos son revisados por jueces que atienden de manera remota desde otras entidades del país. Según afirmó, esta dinámica ha coincidido con la liberación de personas detenidas en operativos de seguridad.
Aunque reconoció la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y las corporaciones federales para combatir hechos delictivos, consideró que resoluciones de este tipo representan un obstáculo para los esfuerzos institucionales. La funcionaria insistió en que el problema no radica únicamente en las investigaciones o detenciones, sino en las condiciones legales bajo las cuales los casos llegan a los tribunales.
