El decomiso de drogas, teléfonos celulares, alcohol y aparatos electrónicos dentro del reclusorio de la ciudad derivó en la suspensión de su director, Víctor Hugo Lara Arias, y en el inicio de investigaciones contra funcionarios del centro penitenciario.
Las autoridades estatales informaron que una carpeta fue abierta para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales por el ingreso de objetos prohibidos. Los celulares quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, mientras que bebidas alcohólicas, alimentos y artículos punzocortantes fueron destruidos.
El operativo, en el que participaron corporaciones federales y estatales, evidenció la fragilidad de los controles de seguridad en el penal y la posible complicidad de servidores públicos para permitir el acceso de sustancias y objetos ilegales.
De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, se recabaron entrevistas a internos y custodios para precisar cómo ingresaron los artículos y quiénes habrían facilitado su distribución dentro del centro. El proceso busca también esclarecer si estos recursos estaban vinculados a la comisión de delitos en el exterior.
Con este nuevo decomiso, el sistema penitenciario del estado vuelve a quedar bajo la lupa por presuntos actos de corrupción y falta de control interno, situación que ha sido señalada de manera recurrente por familiares de reclusos y organizaciones civiles.
