Más de 270 millones de pesos habrían sido desviados de recursos públicos durante las administraciones de Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González, por lo que 32 exservidores públicos serán citados a comparecer ante jueces de Control.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) detectó un presunto esquema de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “empresas fantasma” o “factureras”.
Las investigaciones involucran a 12 secretarías y dependencias estatales, cuyos recursos habrían sido canalizados mediante estas empresas durante un periodo de cinco años. Entre las áreas señaladas están Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo y Educación.
Las carpetas de investigación fueron integradas a partir de denuncias de órganos fiscalizadores de Campeche. Los exfuncionarios comparecerán este mes para que los jueces determinen su situación jurídica por presuntos delitos de corrupción, principalmente peculado.
El caso incluye las indagatorias por un supuesto desvío superior a 90 millones de pesos en la Unidad de Comunicación Social, que ya derivaron en la detención de dos exfuncionarios y un particular. Uno de los exservidores obtuvo la cancelación de la orden de aprehensión y otro fue vinculado a proceso, aunque continuará en libertad bajo medidas cautelares.
El tema también fue abordado por la gobernadora Layda Sansores, quien durante el programa Martes del Jaguar lanzó un señalamiento contra el diputado Pedro Armentía López, exfuncionario de las administraciones investigadas y actual integrante de Movimiento Ciudadano.
