Ejidatarios de San Antonio Cayal acudieron al Palacio de Gobierno de Campeche para exigir el pago de 23 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adeuda desde 2007, cuando se amplió la carretera Campeche-Hopelchén. Aseguran que, pese a contar con un fallo irrevocable a su favor por parte del Tribunal Unitario Agrario, la empresa estatal no ha cumplido con el pago por el derecho de uso de suelo.
Los campesinos recordaron que el litigio inició hace 18 años y que, desde entonces, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario resolvieron a su favor. Sin embargo, la CFE únicamente entregó pagos parciales, lo que consideran una estrategia para evitar protestas, pero sin liquidar la deuda en su totalidad.
Algunos de los ejidatarios mencionaron que cuando comenzó la disputa eran jóvenes y ahora tienen hijos y nietos que podrían heredar este problema sin una solución clara. Señalaron que las tierras son de uso común y no pueden aprovecharlas ni redistribuirlas porque la empresa ya se adueñó de ellas.
También denunciaron que, con el paso de los gobiernos estatales, siempre hubo promesas de presionar a la CFE, pero ninguna administración logró que se cumpliera con la resolución agraria. Aseguran que solo cuando amenazan con manifestaciones o bloqueos carreteros se liberan recursos mínimos para mantenerlos a la espera.
Durante la protesta en Palacio de Gobierno, funcionarios de la Secretaría de Gobierno los recibieron y se comprometieron a dar continuidad al caso. Les notificaron que en una semana habría otra reunión, en la que se buscaría la participación de autoridades federales y del gerente de la CFE en Campeche.
Los ejidatarios subrayaron que el pago debe pasar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que pidieron que el Gobierno estatal sirva de enlace ante la Federación. Mientras tanto, advirtieron que seguirán privilegiando el diálogo, aunque no descartaron retomar medidas de presión si el adeudo persiste.
