En Campeche se ha consolidado un clima de hostigamiento institucional contra ciudadanos, periodistas y actores políticos críticos al gobierno, denunció el diputado local Jorge Salim Abraham, quien afirmó que el disenso se ha convertido en un blanco recurrente de descalificación y presión desde el poder público.
El legislador sostuvo que esta dinámica no es aislada ni espontánea, sino que responde al uso sistemático de las estructuras del Estado para inhibir voces incómodas. A su juicio, instancias judiciales, legislativas y gobiernos de distintos niveles han sido empleadas como herramientas para someter y amedrentar a la ciudadanía.
De acuerdo con Salim Abraham, una parte central de esta estrategia se reproduce desde plataformas oficiales de comunicación gubernamental, donde se señala públicamente a personas sin distinción y se construyen narrativas que, dijo, fomentan el encono social y normalizan la exhibición pública como forma de castigo político.
El diputado advirtió que estas prácticas se han intensificado desde 2021, periodo en el que —afirmó— se ha recurrido de manera recurrente a recursos públicos para desacreditar opositores, atacar a sus familias y difundir información falsa con fines de desgaste político y social.
Señaló que, aunque desde el discurso oficial se insiste en que en el país no existe represión, en la práctica esta ausencia sólo aplica para quienes respaldan al gobierno. En contraste, quienes expresan críticas enfrentan campañas de desprestigio y una respuesta desproporcionada desde el poder.
Añadió que este patrón no se limita a la oposición ni a los medios de comunicación, sino que también ha alcanzado a integrantes del propio partido gobernante, lo que revela —dijo— una lógica de control político que castiga cualquier forma de disenso.
Finalmente, cuestionó que dirigentes nacionales de Movimiento Regeneración Nacional puedan descalificar a ciudadanos campechanos sin consecuencia alguna, mientras que cualquier crítica desde la sociedad civil o la oposición es respondida con mecanismos de presión institucional, lo que consideró un riesgo para las libertades y la vida democrática del estado.
