La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta la exigencia de comunidades mayas de Hopelchén para que emita una resolución de fondo sobre la contaminación del agua por plaguicidas y no devuelva el caso a un juzgado de distrito, como plantea el proyecto que será discutido en sesión.
Los pobladores advirtieron que la propuesta de la ministra María Estela Ríos González implicaría reponer el procedimiento judicial, lo que prolongaría el litigio sin atender la problemática ambiental que, aseguran, continúa afectando a las comunidades.
De acuerdo con lo expuesto, desde 2016 se han documentado indicios de contaminación en el acuífero de la Península de Yucatán, con estudios técnicos respaldados por especialistas y organismos como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que determinó que el agua no es apta para consumo humano.
La defensa legal, encabezada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sostuvo que las pruebas recabadas —incluidos análisis en pozos, agua embotellada y muestras biológicas— son suficientes para que la Corte aplique el principio de precaución y emita una sentencia que proteja a la población.
El caso se originó en 2020, cuando 17 comunidades interpusieron un amparo por la presencia de plaguicidas en cuerpos de agua; sin embargo, el juzgado local desestimó las evidencias, lo que llevó a que el expediente fuera atraído por el máximo tribunal en 2025.
Las comunidades señalaron que devolver el proceso al ámbito estatal representaría un retroceso, al considerar que no se garantiza un análisis con enfoque en derechos humanos e interculturalidad, en un contexto donde el avance de la agroindustria ha intensificado el uso de sustancias químicas en el territorio.
