La detención de José Alberto Abud Flores, entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), y su posterior destitución en menos de 24 horas abrió una crisis política y universitaria en Campeche, marcada por señalamientos de abuso de poder, presunta fabricación de delitos y posibles intentos de control institucional desde el gobierno estatal.
De acuerdo con la Fiscalía de Campeche, el arresto ocurrió tras un reporte por supuesta portación de armas en el vehículo del académico; al no encontrarse armamento, la autoridad informó que se localizó droga, motivo por el cual fue detenido por posesión simple de estupefacientes. La versión fue confirmada por el fiscal estatal, quien sostuvo que la actuación se dio conforme a la ley.
Sin embargo, el caso tomó un giro político luego de que Hamid Abud, hijo del exrector, denunciara públicamente persecución y acusara al gobierno de Layda Elena Sansores San Román de “implantar” droga a su padre y de intervenir de manera directa en la vida interna de la universidad. En mensajes difundidos en redes sociales, responsabilizó a la mandataria estatal de cualquier daño que pudiera sufrir su familia y calificó los hechos como un abuso de poder.
Las tensiones se intensificaron cuando, durante la madrugada y en una sede alterna —el Centro de Convenciones Campeche XXI—, el Consejo Universitario destituyó a Abud Flores y nombró como nueva rectora a Fanny Maldonado Guillermo. La rapidez del proceso, el lugar de la sesión y la falta de claridad sobre el quórum generaron cuestionamientos entre académicos y observadores sobre el respeto al debido proceso y a la autonomía universitaria.
Previo a la destitución, la UACAM había emitido un comunicado en el que calificó la detención como injustificada y contraria al Estado de Derecho, además de denunciar presiones externas para convocar a consejeros fuera del campus universitario. En el mismo sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exigió que las autoridades actúen con estricto apego a la legalidad, sin sesgos políticos y respetando los derechos humanos y la autonomía de la institución.
Analistas, periodistas y figuras públicas se sumaron a las críticas al señalar que la detención ocurrió en un contexto clave, a pocas semanas de concluir el segundo periodo de Abud Flores y cuando se perfilaba una posible reelección. Algunos interpretan el caso como un intento de reconfigurar el control político de la universidad, mientras que el gobierno estatal ha respaldado a la nueva rectora y defendido la legalidad de las decisiones tomadas. El caso permanece abierto y bajo escrutinio público.
