Más de 100 solicitudes de terrenos nacionales permanecen pendientes ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), algunas con más de dos décadas de antigüedad, mientras campesinos de Hopelchén y Dzitbalché denuncian el despojo de cientos de hectáreas que, aseguran, pertenecen a comunidades mayas.
Raúl Quej González, dirigente estatal de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC), señaló que la problemática se concentra principalmente en Hopelchén, donde particulares habrían adquirido extensiones de terrenos nacionales mediante documentos que los campesinos consideran irregulares y que posteriormente serían utilizados para reclamar la propiedad de las tierras.
Uno de los casos corresponde a unos 20 campesinos de Suc-Tuc, quienes mantienen una disputa por aproximadamente 276 hectáreas. Según explicaron, comenzaron hace tres años el procedimiento ante la Sedatu para regularizar los terrenos que han trabajado durante generaciones, pero en el proceso aparecieron documentos con los que particulares pretenden acreditar derechos sobre esas superficies.
José Xool, representante de los campesinos de Suc-Tuc, afirmó que el conflicto tiene antecedentes de más de 40 años y se remonta a la época del gobierno de Jorge Salomón Azar García, cuando los pobladores fueron retirados de esas tierras para desarrollar un proyecto agrícola de toronja y naranja. Aunque el proyecto concluyó, sostuvo que la comunidad no recuperó el territorio que, de acuerdo con su versión, habían trabajado sus padres y abuelos.
La falta de tierras, agregó, representa actualmente un problema para Suc-Tuc, comunidad que cuenta con alrededor de tres mil habitantes y donde las nuevas generaciones tienen dificultades para acceder a superficies destinadas al cultivo. También denunció la presencia de policías y otras corporaciones en los predios, además de procesos legales contra algunos de los campesinos involucrados.
En Dzitbalché, Miguel Chan Sulub expuso otro conflicto por 42 hectáreas con más de una década de antecedentes. Los dirigentes señalaron que estos casos forman parte de una problemática más amplia que afecta a comunidades mayas y cuestionaron el rezago de los procedimientos para regularizar terrenos que, aseguran, han sido trabajados por los pobladores durante décadas.
Quej González indicó que algunos campesinos incluso enfrentan denuncias ante la Fiscalía y los Juzgados, pese a que, desde su perspectiva, se trata de conflictos agrarios que deberían ser atendidos por las instancias federales correspondientes y los tribunales agrarios.
José Guadalupe Escobar Herrera, dirigente nacional de la COUC, informó que recientemente comenzaron reuniones con autoridades de la Sedatu y Gobernación para revisar los conflictos y buscar soluciones. La organización también solicitó abogados agrarios para acompañar a los campesinos en los procedimientos pendientes.
Ante la falta de respuestas, los dirigentes anunciaron su participación en la movilización prevista para el día 30, en la que, según señalaron, menonitas acudirían con tractores al Palacio de Gobierno para exigir atención y soluciones a los conflictos por la propiedad y regularización de tierras.
