A dos años del operativo realizado en el penal de San Francisco Kobén, policías estatales que resultaron afectados por la intervención consideran que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) representa un avance, pero advierten que todavía están pendientes las acciones para reparar las consecuencias que enfrentaron.
La resolución, integrada en el expediente 295/Q-056/2024, concentró 119 inconformidades y acreditó violaciones a los derechos humanos, así como un ejercicio indebido de la función pública durante el operativo penitenciario.
Entre las irregularidades documentadas se encuentran la falta de equipo antimotines suficiente, condiciones de riesgo para los elementos, lesiones durante el ingreso y ausencia de capacitación específica para intervenir en ese tipo de situaciones.
La Codhecam también señaló deficiencias posteriores al operativo, entre ellas jornadas prolongadas sin condiciones adecuadas de descanso, falta de alimentos y agua, así como equipo incompleto, deteriorado o reutilizado.
Para los policías afectados, el reconocimiento de estas deficiencias no representa el final del conflicto. José “N”, quien mantiene un proceso contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), señaló que presentó una demanda por despido injustificado y que continúa a la espera de una resolución sobre las consecuencias laborales de su separación.
El elemento explicó que prestó servicio durante 18 años y reclama el pago correspondiente por sus años de trabajo y el despido que considera injustificado. Estimó que la indemnización podría ubicarse entre 800 mil y un millón de pesos, con base en un cálculo de entre 40 y 45 días de salario por cada año laborado y un ingreso diario aproximado de 450 a 500 pesos.
José “N” señaló que entre los elementos existe incertidumbre sobre el cumplimiento de las demandas derivadas del operativo y expresó su preocupación de que los pagos o acciones correspondientes puedan prolongarse.
La recomendación de la Codhecam reconoce las condiciones en las que fueron enviados los policías al penal, pero los afectados sostienen que ahora falta que ese reconocimiento se traduzca en acciones concretas para atender las violaciones documentadas y las consecuencias que dejó aquella intervención.
