A pesar de que un predio de 260 hectáreas permanece bajo aseguramiento de la Fiscalía General del Estado, ejidatarios de la comunidad de Ich-Ek, en el municipio de Hopelchén, decidieron continuar con la siembra de maíz al asegurar que dependen de esas tierras para el sustento de sus familias y que cuentan con la posesión del terreno desde hace más de 40 años.
Felipe Reneyro Poot Méndez, Israel Poot Nah y Lázaro Poot Canul, dos de ellos excomisarios ejidales, explicaron que el ciclo agrícola comenzó el 15 de julio, por lo que con anticipación realizaron trabajos de rastreo del suelo y adquirieron insumos para la temporada. Aunque el aseguramiento alcanza las 260 hectáreas, señalaron que iniciarán la siembra en las 10 hectáreas mecanizadas, cuya actividad se retrasó un día debido a una falla en la maquinaria.
Los productores sostuvieron que no pueden suspender las labores agrícolas, ya que año con año cultivan esos terrenos y de esa actividad depende la economía de sus familias. Indicaron que un particular identificado como Bernabé, originario de la comunidad de Castamay, reclama la propiedad del predio, aunque, afirmaron, ha mostrado mayor interés en las áreas mecanizadas.
Israel Poot Nah aseguró que tanto él como su familia han trabajado esas tierras durante varias generaciones y cuentan con constancias emitidas por autoridades ejidales que respaldan su calidad de posesionarios. Añadió que el aseguramiento del predio les impedía ingresar durante 60 días, pero decidieron reanudar las labores agrícolas debido a que el campo representa su principal fuente de ingresos.
Los ejidatarios afirmaron que el presunto demandante no ha presentado un título agrario que acredite la propiedad del terreno y únicamente exhibe un documento notarial de compraventa que consideran irregular. También señalaron que promovió un juicio reivindicatorio civil, el cual, aseguraron, fue desestimado por un juez al no acreditar la titularidad del predio.
Actualmente, los accesos al terreno continúan con sellos de aseguramiento colocados por la Fiscalía General del Estado como parte de una carpeta de investigación iniciada el 9 de julio de 2026. Mientras el litigio continúa en las instancias correspondientes, los productores reiteraron que defenderán la posesión de las tierras mediante la vía legal y mantendrán las actividades agrícolas.
