Una presunta red de corrupción en la asignación de plazas y cambios de adscripción dentro del sistema educativo de Campeche fue denunciada por integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), quienes exigen una revisión a fondo de los movimientos laborales realizados en los últimos años.
La acusación surgió tras la publicación de la lista definitiva de espacios ofertados para el proceso de cambios de centro de trabajo correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. Los trabajadores sostienen que existen inconsistencias que apuntan a posibles irregularidades en el manejo de plazas, por lo que demandaron la intervención de las autoridades educativas y sindicales.
A través de un oficio dirigido a la dirigencia de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la base trabajadora solicitó respaldo jurídico y laboral para esclarecer lo que consideran un esquema de complicidades que habría operado durante la integración de las vacantes disponibles.
Los inconformes afirman contar con información sobre espacios laborales que presuntamente no fueron incluidos en la oferta oficial, situación que, de confirmarse, podría evidenciar prácticas irregulares dentro de los procesos de movilidad del personal educativo.
Como parte de sus exigencias, demandaron que la Secretaría de Educación de Campeche entregue el historial de plazas ofertadas y asignadas durante los últimos cinco años, con el propósito de rastrear posibles anomalías y determinar si algunos movimientos se realizaron fuera de los mecanismos establecidos.
Además, solicitaron una reunión extraordinaria con el secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco, en la que participe la representación sindical, para abordar los señalamientos y establecer compromisos formales que queden asentados por escrito.
La denuncia coloca nuevamente bajo escrutinio los procedimientos de asignación de espacios laborales en el sector educativo estatal. Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación ni la dirigencia sindical han fijado una postura pública sobre los señalamientos de presunta corrupción expuestos por los trabajadores.
