En Campeche, el panorama para los pescadores es crítico tras el inicio de la veda del camarón el 1 de mayo, una medida que obliga a detener por cinco meses una de sus principales fuentes de ingreso, en medio de una caída en la presencia de especies asociada al reciente derrame petrolero en el Golfo de México.
En la entidad, donde la pesca ribereña sostiene a numerosas familias, la suspensión de esta actividad se suma a un contexto adverso que ya venía afectando la producción. La disminución en las capturas ha impactado de forma directa en la economía local, sin que existan mecanismos suficientes para amortiguar sus efectos.
Dirigentes del sector han insistido en la necesidad de revisar los periodos de veda conforme a las condiciones reales del mar, sin embargo, señalan que las autoridades no han presentado estudios actualizados ni justificaciones claras que respalden la permanencia de las fechas actuales.
Para este 2026, las alternativas de subsistencia son más limitadas. La captura de otras especies también se ha visto reducida debido a la migración de fauna marina y a los daños reportados en las artes de pesca tras el derrame ocurrido en febrero, lo que restringe las posibilidades de ingreso.
A pesar de este escenario, el marco legal mantiene sanciones severas para quienes incumplan la veda, incluyendo multas elevadas y penas de prisión, lo que obliga al sector formal a respetar la normativa aun en condiciones económicas adversas.
En contraste, pescadores denuncian que continúan operando embarcaciones irregulares sin supervisión, lo que genera una competencia desigual y evidencia fallas en la vigilancia, profundizando la percepción de falta de atención institucional hacia una actividad clave en las costas campechanas.
