La falta de supervisión en centros de rehabilitación que operan en Campeche llevó a las autoridades estatales a diseñar una estrategia para revisar el funcionamiento de estos espacios y establecer mecanismos que permitan regular su actividad.
La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, indicó que actualmente varios de estos establecimientos trabajan sin licencias ni registros oficiales, lo que dificulta conocer bajo qué condiciones brindan atención a personas con problemas de adicciones.
A esta situación se suman reportes sobre presuntas irregularidades dentro de algunos anexos, donde familiares han señalado cobros elevados y posibles vulneraciones a los derechos de quienes permanecen internados en esos lugares.
La funcionaria explicó que uno de los puntos que más preocupa es el ingreso de personas sin su consentimiento, debido a que la legislación vigente establece límites sobre el internamiento involuntario en este tipo de instituciones.
Para atender este escenario, el gobierno estatal analiza impulsar reformas ante el Congreso local que permitan definir responsabilidades entre dependencias y establecer normas específicas para la operación de estos centros.
Otro de los vacíos detectados es que no existe un padrón oficial que permita saber cuántos anexos funcionan en el estado, lo que mantiene incertidumbre sobre cuántos trabajan dentro de la legalidad y cuántos permanecen en la clandestinidad.
Con estas medidas, la administración estatal busca que los espacios privados dedicados a la rehabilitación operen con mayor transparencia, supervisión institucional y condiciones adecuadas para la atención de los pacientes.
