El gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, atraviesa una etapa marcada por cuestionamientos públicos y confrontaciones con distintos sectores, en un contexto donde decisiones judiciales, disputas políticas y conflictos institucionales han alimentado el debate sobre la conducción de la administración estatal.
Uno de los episodios más recientes ocurrió tras las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, cuando autoridades estatales reportaron detenciones por presuntas agresiones contra elementos de seguridad y daños a instalaciones públicas durante la protesta. La Fiscalía del estado inició procesos penales contra algunos de los participantes y el gobierno estatal advirtió que, en los casos considerados más graves, podrían solicitarse penas de hasta 37 años de prisión, lo que generó reacciones de colectivos y activistas que cuestionaron la respuesta institucional frente a las manifestaciones.
Otro caso que provocó debate en la entidad fue la detención del entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, ocurrida en enero de este año. El académico fue asegurado luego de que autoridades reportaran el hallazgo de presuntas sustancias ilícitas en su vehículo. Tras el hecho fue separado del cargo y vinculado a proceso, aunque enfrenta el procedimiento en libertad. Integrantes de la comunidad universitaria expresaron preocupación por una posible intromisión en la autonomía de la institución, mientras que la defensa del exrector sostiene que la acusación carece de pruebas suficientes.
Las tensiones también alcanzaron al Congreso local, donde surgieron diferencias entre la gobernadora y legisladores del propio partido oficialista. El desacuerdo se produjo luego de que la mayoría legislativa rechazara aprobar un crédito por mil millones de pesos solicitado por el Ejecutivo estatal. Algunos diputados señalaron que existieron presiones para respaldar la propuesta, lo que derivó en una ruptura política dentro del bloque mayoritario.
En medio de ese conflicto, el Poder Legislativo decidió restablecer el fuero constitucional para los diputados locales, una figura que había sido eliminada años atrás. La medida fue interpretada por algunos legisladores como un mecanismo de protección ante posibles acciones judiciales en un contexto de confrontación política con el Ejecutivo estatal.
La administración estatal también ha enfrentado cuestionamientos por su relación con periodistas y medios de comunicación. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado procesos judiciales y sanciones contra comunicadores críticos del gobierno. Entre los casos más comentados se encuentra el de un periodista que enfrentó medidas judiciales que incluyeron restricciones temporales para ejercer su actividad profesional y el pago de una indemnización por daño moral, lo que generó advertencias sobre posibles efectos inhibitorios para el ejercicio periodístico.
A estos conflictos se suma el enfrentamiento con policías estatales que protagonizaron protestas y paros laborales tras un operativo realizado en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, en el que varios agentes resultaron lesionados. Los elementos denunciaron falta de equipo y exigieron cambios en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, lo que derivó en un prolongado conflicto que incluso fue llevado a instancias federales.
En este contexto, los distintos episodios han colocado al gobierno de Campeche en el centro de una discusión política constante, marcada por la relación entre autoridades, instituciones y diversos sectores sociales que han cuestionado decisiones tomadas por la administración estatal.
