El sello de “zona de riesgo” que ahora pesa sobre Campeche se ha convertido en un obstáculo crítico para las empresas locales. Instituciones financieras han comenzado a negar sistemáticamente créditos a compañías asentadas en la entidad, debido al historial de adeudos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
La etiqueta afecta a todos los sectores, no solo a los vinculados con el petróleo. Proyectos de construcción, turismo y servicios son rechazados de inmediato por la banca, que considera a Campeche un espacio económico insolvente. El resultado es la parálisis de negocios que buscan diversificarse y mantenerse a flote.
Empresarios carmelitas denuncian que esta clasificación los ha dejado sin opciones para acceder a financiamiento. Afirman que, aunque han intentado mover operaciones a otros estados, la restricción persiste mientras su domicilio fiscal permanezca en Campeche. Esto limita la inversión, la generación de empleos y la apertura de nuevos proyectos.
La raíz del problema está en los adeudos que PEMEX mantiene desde 2022. Aunque la paraestatal ha anunciado que comenzará a pagar en 2025, los afectados desconfían de esa promesa. Aseguran que cada año se repite el mismo discurso, mientras las deudas siguen acumulándose y la economía local se hunde.
A la negativa de créditos se suma la ausencia de apoyos fiscales. Las empresas deben cumplir con pagos al IMSS, Infonavit y el impuesto sobre nómina, sin recibir ningún tipo de estímulo. Para los empresarios, es un escenario de doble presión: sin liquidez para operar y con cargas tributarias que no se detienen.
De no resolverse los adeudos, advierten que la etiqueta de “zona de riesgo” seguirá marcando a Campeche como un territorio vetado por la banca. En este escenario, las posibilidades de reactivar la economía estatal son mínimas y el cierre de compañías parece cada vez más inevitable.
