EI CEMDA informó que durante la administración federal de Enrique Peña Nieto se otorgaron 141 permisos para el cultivo de transgénicos en Campeche, que afectaron más de 100 mil hectáreas de selva para su siembra

Gobierno de Peña Nieto autorizó uso de transgénicos en Campeche

EI CEMDA informó que durante la administración federal de Enrique Peña Nieto se otorgaron 141 permisos para el cultivo de transgénicos en Campeche, que afectaron más de 100 mil hectáreas de selva para su siembra

La crisis sanitaria por COVID-19 ha hecho reflexionar a los pueblos del mundo sobre el estado en el que se encuentra la naturaleza y la forma en que aumentó el impacto de la pandemia, las comunidades indígenas mayas han alzado la voz por el constante riesgo en el que se encuentra la zona selvática ante los pesticidas, transgénicos, deforestación y granjas porcícolas que han afectado el equilibrio natural.

De existir menor agresión contra natura, los daños y muertes por COVID-19 hubieran sido menores, argumenta organización civil.

Para Margarita Campuzano, vocera del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, asociación civil mejor conocida como CEMDA, los problemas en la zona limitrofe entre Campeche y Yucatán son reflejo de la impunidad por parte de ciertos grupos que han llegado a instalarse sin respetar la naturaleza y afectando a las comunidades locales.

“Somos una sociedad civil, a través del marco legal hacemos estos apoyos, asesorías, educación legal. Estos recursos recaudados los destinamos para realizar talleres en comunidades rurales”, dice la entrevistada.

Desde 2017, el CEMDA comenzó con la asesoría jurídica a los habitantes de Hopelchén que señalaron permisos para la siembra de soya transgénica a Monsanto. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, los permisos fueron entregados a diferentes empresas trasnacionales que planeaban cultivar este tipo de productos.

En este periodo se entregaron 141 permisos por parte del Sevicio de Sanidad, Inocuidad y Agroalimentaria; en el caso de Monsanto fueron 41 certificados donde se podía alterar el uso de 100 mil 365.88 hectáreas; esto, sin el consentimiento de las comunidades que se verían directamente afectadas.

En agosto de 2020, un Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó los permisos otorgados y dio la razón a las comunidades de Hopelchén: no hubo consulta a sus derechos.

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